Empresas extranjeras extraen oro ilegalmente en Bolivia, contaminando y amenazando el Parque Nacional Madidi, una de las reservas de biodiversidad más importantes del planeta.
En el norte del departamento de La Paz, un territorio biodiverso y culturalmente vital para Bolivia, se desarrolla una crisis ambiental silenciosa. Decenas de empresas —principalmente de origen chino— operan bajo la fachada de cooperativas mineras y realizan extracciones ilegales de oro. Esta actividad no solo evade controles fiscales y legales, sino que también deja una huella irreversible en el medio ambiente y en las comunidades locales.
El río Kaka, contaminado por la minería ilegal
Una de las consecuencias más visibles de esta explotación es la contaminación del río Kaka. Los residuos tóxicos, como el mercurio y otros metales pesados utilizados para separar el oro, han envenenado sus aguas. Este río, vital para la región, desemboca más adelante en las zonas que rodean el Parque Nacional Madidi, considerado uno de los puntos de mayor biodiversidad del mundo.
Operaciones encubiertas y explotación laboral
Las compañías mineras operan de forma clandestina: camufladas como cooperativas bolivianas, evaden impuestos y normativas ambientales. Se han documentado condiciones laborales precarias y la presencia de menores trabajando en campamentos improvisados, sin acceso a servicios básicos ni garantías de protección.
Impactos sociales y amenazas adicionales
Más allá del daño ambiental, esta situación revela una compleja red de relaciones entre minería ilegal, actores internacionales y posibles vínculos con el narcotráfico. La actividad se desarrolla en zonas de difícil acceso, donde la ausencia del Estado es evidente. Las comunidades indígenas y campesinas denuncian el deterioro de sus tierras, la pérdida de sus recursos y el avance de la deforestación.
¿Quién protege el oro boliviano?
La pregunta que resuena es urgente: ¿quién saquea el oro boliviano y por qué no se detiene esta devastación? La falta de control estatal, la permisividad institucional y el silencio ante estos crímenes ambientales generan un escenario donde la impunidad se fortalece. La defensa de los recursos naturales y del patrimonio ambiental exige una respuesta concreta desde las autoridades y la sociedad.
